Los secuestros ocurrieron entre el 13 y el 15 de julio de 1976. El grupo de hombres y mujeres fue llevado al centro clandestino de detención Automotores Orletti donde vivieron diez días de horror. Una noche, sin explicación, los subieron a un camión lleno de ropa, electrodomésticos y hasta motores de auto que los militares les habían robado en los secuestros. Llegaron a Aeroparque esposados y con los ojos vendados, para iniciar un viaje con destino incierto. Casi una hora más tarde aterrizaron en la base militar al lado del Aeropuerto de Carrasco. De ahí fueron al centro clandestino de detención del SID, que funcionaba en una casa de Punta Gorda, y unos días después los mudaron a la antigua sede del SID en bulevar Artigas casi Palmar.
El responsable del operativo, el entonces mayor José Nino Gavazzo, les anunció por qué los habían traído de Buenos Aires: tenían que aceptar que los habían capturado cuando pretendían entrar al país para hacer acciones armadas y promover una campaña de desprestigio del gobierno.
Campaña internacional
En esos días Amnistía Internacional llevaba adelante una gran campaña internacional de denuncia de la tortura en Uruguay. Las acciones se extendieron entre febrero y junio de 1976 y tuvieron como objetivo hacer conocer la situación del país y promover la visita de una comisión para investigar las denuncias.
El dictador Juan María Bordaberry y los medios de comunicación locales se defendieron argumentando que la subversión había ganado los foros internacionales e impuesto sus calumnias y acusaciones falsas.
En junio el caso Uruguay se trató en el Subcomité de Relaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos donde debatió sobre la pertinencia de dar ayuda militar a un país que tenía un notorio y sistemático patrón de violación a los derechos humanos. El senador Wilson Ferreira Aldunate declaró como testigo de cargo en las audiencias realizadas para decidir sobre el asunto. El académico Martin Weinstein denunció la desaparición de una veintena de uruguayos en Buenos Aires, y el directivo de Amnistía Internacional Edy Kaufman aportó el nombre de algunos de los entonces desaparecidos. Entre ellos estaban Sara Méndez, secuestrada con su hijo Simón, de 20 días, Margarita Michelini y su esposo Raúl Altuna.
La Cámara de Representantes finalmente aprobó la llamada “Enmienda Koch” que prohibió la ayuda y el entrenamiento militar al gobierno uruguayo. La enmienda fue votada por el Senado y ratificada por el presidente Gerald Ford.
Legalización
Mientras tanto en la casa del SID los secuestrados seguían siendo interrogados y custodiados por los oficiales y los soldados uruguayos que habían conocido en Orletti.
A fines de octubre se cerró el plan diseñado por los militares para convertirlos en detenidos legales. Armaron las actas en que los prisioneros admitían que habían entrado al país voluntariamente y alquilaron la casa que sería el escenario principal de la supuesta detención. El 26 de octubre sacaron del SID a cinco secuestradas y a uno de los hombres y los llevaron al chalet Susy donde los obligaron a comer un asado en el exterior para que los vecinos vieran movimiento de gente. Al fin de la tarde llegaron los camiones del Ejército que debían capturarlos. Los supuestamente recién detenidos salieron de la casa esposados y treparon a la caja de una camioneta que volvió al SID con las sirenas abiertas luego de dar una vuelta por el Estado Centenario para que los viera el público que salía al fin de un partido de fútbol.
A otros simularon detenerlos en hoteles del Centro de Montevideo. Organizaron el operativo teniendo en cuenta la hora en que terminaban las funciones de los cines. Para no arriesgarse a movilizar a tantos secuestrados en la ciudad, los sustituyeron por funcionarios del SID, hombres y mujeres, que se alojaron en su lugar registrándose con documentos falsos en los hoteles.
El 28 de octubre volvieron a llevar a los secuestrados y secuestradas al Susy, esta vez para una una rueda de prensa. Desfilaron ante las cámaras de canales de televisión nacionales y extranjeros, agencias de noticias y prensa. Gavazzo, en uniforme, exhibió el material capturado. Los ahora detenidos legales volvieron al SID y poco después fueron procesados por la justicia militar y enviados a los penales militares de Punta de Rieles y de Libertad.