Hacia la impunidad
En abril de 1984 Enrique Rodríguez Larreta denunció en el Juzgado de Instrucción en lo penal de séptimo turno en Montevideo el secuestro colectivo en Buenos Aires. Exactamente un año más tarde, familiares de los desaparecidos y las desaparecidas del llamado “segundo vuelo”, del que no hay sobrevivientes, denunciaron en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de quinto turno a José Nino Gavazzo, Luis Maurente, Gilberto Vázquez, Manuel Cordero y Amaury Prantl por los secuestros ocurridos en setiembre y octubre de 1976 en Buenos Aires. En agosto, el juez Dardo Preza pidió la detención de Gavazzo y de Cordero y ofició a la Jefatura de Policía para que cumpliera la orden de aprehenderlos. La Jefatura respondió al oficio informando que debía elevar el pedido al ministro del Interior para que los instruyera sobre cómo proceder.
Con el respaldo del comandante en jefe del Ejército, teniente general Hugo Medina, los militares se negaron a presentarse. Aunque la justicia ordenó al jefe de Policía de Montevideo que los condujera por la fuerza, aquellos persistieron en el desacato. Simultáneamente Wilson Ferreira Aldunate y dirigentes de los partidos Nacional y Colorado empezaron a negociar una salida legal que salvara a militares y policías de la justicia.
El sábado 20 de diciembre de 1986 el Parlamento recibió el proyecto de Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. El 22 de diciembre el proyecto se convirtió en ley con el voto de nacionalistas y colorados. Al día siguiente Elisa Dellepiane de Michelini, Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz, viudas de los legisladores asesinados en mayo de 1976, junto a María Ester Gatti de Islas, en representación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, llamaron a juntar firmas para anular la ley. Un año después la Comisión anunció que había obtenido 100 mil firmas más de las necesarias para convocar al referéndum.
Inmediatamente después de la aprobación de la Ley de caducidad, familiares de los desaparecidos en Uruguay y Argentina habían empezado a presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. En agosto de 1988, el máximo órgano de justicia aprobó por mayoría la constitucionalidad de la Ley de Caducidad. En la sentencia quedaron comprendidos los casos de desaparición de uruguayos y uruguayas en Argentina. El 5 de junio del año siguiente la justicia archivó el expediente con las denuncias.
Consolidación de la impunidad
Reunidas las firmas, comenzó la campaña para anular la Ley. La Corte Electoral asignó el color verde a los partidarios de la anulación y el amarillo a los defensores de la norma. Con pocos recursos económicos y escaso acceso a los medios masivos de comunicación, la militancia del voto verde recorrió el país para ganar adhesiones. Sara Méndez grabó un spot convocando a la ciudadanía a votar verde y pidiendo ayuda para encontrar a su hijo Simón. La pieza no pudo difundirse en televisión porque fue censurada por un acuerdo entre el gobierno y los canales privados.
El 16 de abril de 1989 la ciudadanía confirmó la Ley de Caducidad. El resultado del referéndum inició y consolidó un largo período de impunidad que pretendió también imponer el olvido del pasado como garantía de la paz y la convivencia social. La mayoría de los militares que habían actuado en Orletti todavía estaban en actividad, continuaron ascendiendo de grado y muchos de ellos fueron designados asesores de las máximas jerarquías castrenses en democracia (es el caso de Jorge Silveira, asesor del comandante en jefe del Ejército Fernán Amado) o se convirtieron en docentes (Gilberto Vázquez dictó clases en el CALEN).
El teniente coronel Gavazzo fue la excepción. Había pasado a retiro obligatorio en julio de 1978 como castigo por una disputa interna en las Fuerzas Armadas que lo enfrentó al entonces comandante en jefe del Ejército Gregorio Álvarez. Fuera del Ejército Gavazzo continuó las operaciones delictivas en la actividad privada, asociado con el represor del SID Ricardo Medina. En enero de 1995 la justicia los procesó por extorsión y amenazas de muerte a un empresario que se negó a falsificar papel moneda.
Avances y retrocesos
En los primeros años de la década de 200 se produjeron las primeras grietas en el muro de impunidad y silencio que el Estado uruguayo había logrado construir.
En marzo de 2002 se presentó una nueva denuncia colectiva en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 16Turno contra contra el jefe de operaciones del SID coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Silveira, Ricardo Arab Fernández, el comisario Hugo Campos Hermida, Juan Manuel Cordero, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, José Sande Lima, Gavazzo y Medina por los secuestros de Simón Riquelo, Gerardo Gatti, María Emilia Islas, Carlos Alfredo Rodríguez, Cecilia Trías, Washington Cram, Ary Cabrera, Juan Pablo Errandonea, Juan Pablo Recagno, Alberto Mechoso, Rafael Lezama y Andrés Bellizzi. También en marzo de 2002 Sara Méndez ubicó en Buenos Aires a su hijo Simón, que vivía, sin saberlo, con una identidad falsa como hijo del comisario Parodi.
En 2003 el juez Mirabal instruyó el primer interrogatorio que tuvo lugar en Uruguay a los sobrevivientes de “Automotores Orletti”. En junio de 2006 Interpol detuvo a Arab, Gavazzo, Ramas y Silveira cuya extradición pedía Argentina para juzgarlos por asociación ilícita y privación ilegal de libertad. Gilberto Vázquez y Medina, imputados en la misma causa, se presentaron en forma voluntaria. Vázquez consiguió que lo llevaran al Hospital Militar de donde se fugó pero lo capturaron cuatro días más tarde. Cuando agentes de Interpol llegaron a la casa del coronel (r) Rodríguez Buratti para detenerlo, el militar se suicidó.
El 11 de setiembre de 2006 el juez Luis Charles procesó con prisión a Gavazzo, Silveira, Ramas, Medina, Arab, Vázquez, Maurente y Sande Lima, por el secuestro y desaparición de Adalberto Soba. En mayo de 2009 la justicia procesó a los militares con penas de 20 y 25 años de prisión por haber cometido 28 homicidios especialmente agravados. En junio del año siguiente el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno confirmó la sentencia de Charles.
En 2010 la policía brasileña detuvo a Cordero, quien se había fugado de Uruguay seis años antes. El militar fue extraditado y juzgado en Argentina donde lo condenaron a 25 años de prisión.