En junio de 1999 María Bellizzi, Luz Ibarburu, Martha Casal, Aurora Meloni y Cristina Mihura, madres y esposas de uruguayos detenidos desaparecidos y asesinados en Argentina, recurrieron a la Fiscalía de Roma en busca de verdad y justicia para sus familiares Humberto Bellizzi, Pablo Recagno, Gerardo Gatti, Daniel Banfi y Bernardo Arnone, respectivamente. Amparadas en la legislación italiana, que protege a sus ciudadanos y ciudadanas en el exterior cuando son víctimas de crímenes no debidamente investigados y juzgados en los países en que se cometieron, las madres y esposas presentaron sus denuncias ante el Fiscal Giancarlo Capaldo. Sus denuncias abrieron el juicio al que luego se sumaron numerosos familiares de víctimas del Plan Cóndor que tenían ciudadanía italiana.
En 2015, al cabo de una larga investigación empezó el juicio oral a 40 militares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de delitos de lesa humanidad contra más de 30 víctimas latinoamericanas. El juicio tuvo lugar en la sede del Tercer Tribunal de lo Penal de Roma. El primer fallo, de 2017, reconoció la existencia del Plan Cóndor y condenó a prisión perpetua al ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura Juan Carlos Blanco, pero absolvió a los militares imputados.
La Fiscalía de Roma apeló esa sentencia. El 9 de julio de 2019, la Corte de Apelaciones de Roma cambió el fallo inicial y condenó a prisión perpetua a los militares del Ejército José Arab, José Gavazzo, Pedro Mato Narbondo, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez, al ex policía José Sande Lima y a los marinos Juan Carlos Larcebeau y Jorge Tróccoli.
E 9 de julio de 2021el Tribunal de Casación de la Suprema Corte italiana presidido por la jueza Mariastefania Di Tomassi dejó firmes las sentencias en segunda instancia emitidas en julio de 2019, rechazó los recursos de las defensas de los imputados y confirmó para 14 de ellos las condenas a prisión perpetua por el asesinato y la desaparición de 38 personas.