Automotores Orletti en la justicia argentina

Poco después de ser liberado, Enrique Rodríguez Larreta viajó a Buenos Aires donde ubicó y reconoció Automotores Orletti como el lugar donde había estado secuestrado. En marzo de 1977 dio una conferencia de prensa en Londres con el auspicio de Amnistía Internacional, en la que denunció el secuestro colectivo en Buenos Aires y el traslado ilegal a Uruguay de sus compañeros y compañeras de cautiverio que en ese momento estaban presos en los penales de Libertad y Punta de Rieles.

La conferencia de Londres fue el inicio de una campaña internacional que incluyó la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 1977. El 22 de febrero de 1984 Rodríguez Larreta denunció ante la justicia argentina a los militares argentinos y uruguayos responsables del operativo. Ese mes los presos y presas, que habían salido en libertad, fueron convocados por la justicia argentina para hacer el reconocimiento de Orletti. Recorrieron el antiguo taller mecánico junto al juez, otros testigos y medios de prensa. También reconocieron a los represores que estaban al frente de Orletti, el general Otto Paladino y el paramilitar Aníbal Gordon. Este había sido detenido en enero de ese año en Córdoba por el secuestro del periodista y agitador peronista Guillermo Patricio Kelly, ocurrido el 24 de agosto de 1983.

La justicia procesó a Paladino y Gordon, y a Eduardo Ruffo, quien estaba prófugo en ese momento. “El Zapato”, como se apodaba Ruffo, era la mano derecha de Gordon y había sido el titular del alquiler de Orletti. Además de las torturas y asesinatos que cometió en el centro clandestino de detención, Ruffo también se apropió de la niña Carla Rutilo Artes, secuestrada con su madre en Bolivia y traslada con ella a Buenos Aires. La niña estuvo en poder de Ruffo hasta el 24 de agosto de 1985, cuando su abuela materna, Matilde Artes, pudo recuperarla.

Juicio a las Juntas Militares

El caso Orletti fue elegido por el fiscal federal Julio César Strassera como testigo de cargo en el juicio contra los nueve miembros de las juntas militares que se inició en Buenos Aires en abril de 1985.  En él declararon Enrique Rodríguez Larreta, Ana Inés Quadros, Gastón Zina, Asilú Maceiro, Elba Rama, Jorge González, Sara Méndez, Margarita Michelini, Raúl Altuna, Washington Pérez, Enrique Rodríguez Martínez y Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz. El juicio terminó con la condena a prisión de cinco miembros de las juntas militares.

Orletti en el Plan Cóndor

El 27 de mayo de 2016 concluyó en Buenos Aires el mega juicio contra 18 militares por el Plan Cóndor. Según información del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa: “El Tribunal Oral Federal N°1 dio por probado que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras. Los alcances del Plan quedaron demostrados en su total magnitud. Por muchos motivos se trata de un juicio con características particulares y de suma importancia regional: el cúmulo documental, las cientos de declaraciones de testigos en forma presencial y por videoconferencia desde sus países de residencia. Además del universo alcanzado de personas que resultaron víctimas entre las que se encuentran militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de distintas nacionalidades. Esta trama permitió dar cuenta de la existencia de un sistema formal de coordinación represiva entre las dictaduras de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia”. Los secuestrados y secuestradas en Buenos Aires en julio de 1976 prestaron testimonio en ese juicio cuya sentencia es considerada histórica ya que es el primer juicio en América Latina que reconoció la existencia del Plan Cóndor como un "sistema criminal e institucionalizado".

El Tribunal condenó a la pena de 25 años al general argentino Santiago Omar Riveros y al coronel (r) Manuel Cordero Piacentini. Entre los delitos probados contra Cordero estuvo el secuestro y desaparición de María Claudia García. Su hija, Macarena Gelman, estuvo presente en la sala cuando se dictó la condena. El ex dictador argentino Reynaldo Benito Bignone fue condenado a 25 años de prisión.

En esa  instancia el ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina Miguel Ángel Furci, fue condenado a 25 años de prisión como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad, violencia y amenazas cometidos en Orletti contra 67 personas, entre ellas personas de nacionalidad uruguaya. Furci ya había sido condenado por la sustracción y apropiación de la bebé Mariana Zaffaroni, hija de los uruguayos Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas, secuestrados en Buenos Aires en setiembre de 1976 y desaparecidos desde entonces.

Orletti II, III y IV

En octubre de 2016 comenzó el tercer juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en “Automotores Orletti” a cargo del Tribunal Oral Federal número 1 de la capital federal. Estuvieron imputados el ex comisario Rolando Oscar Nerone y el ex subcomisario Oscar Roberto Gutiérrez, del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina. Debieron responder por el homicidio de Mario Roger Julien Cáceres y el secuestro de Victoria Lucía Grisonas de Julien.

En el cuarto juicio comparecieron el ex agente de la SIDE César Alejandro Enciso imputado por los secuestros de Gerardo Francisco Gatti y de Julio César Rodríguez, y de las argentinas Manuela Santucho y Cristina Navaja de Santucho, quien estaba embarazada cuando la detuvieron.

El 11 de setiembre de 2017 el Tribunal Oral Federal condenó a Nerone y a Gutiérrez por el secuestro de Victoria Grisonas de Julien a seis años de prisión pero los absolvió por el homicidio de Roger Julién Cáceres. Enciso fue condenado a 16 años de prisión por los secuestros de Gerardo Gatti, Julio César Rodríguez Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navaja de Santucho.

Orletti V

El 30 de noviembre de 2020 el Tribunal Oral Federal condenó a prisión perpetua a Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Eduardo Cabanillas y Miguel Ángel Furci quienes revistaron como personal civil de la SIDE. Los acusados ya habían sido condenados antes pero en esta instancia lo fueron por el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas.

El alegato de la Fiscalía sostuvo que el juicio se respaldó en las pruebas recogidas en anteriores procesos y en hechos acreditados y no controvertidos en sus sentencias. El fiscal sostuvo que “Orletti constituyó una de las principales bases de operaciones conjuntas de la asociación ilícita conocida como Operación Cóndor”.

 

Declaraciones en las Juntas Militares de Argentina